Autoridades colombianas y
venezolanas evaluarán durante 30 días el impacto económico y social que
tendrá el cierre de frontera desde la 10 de la noche hasta las cinco de
la mañana, como medida para frenar el contrabando y las prácticas
delincuenciales.
En el Cuartel Bolívar de San Cristóbal funcionará una sala situacional,
“un comando unificado de todos los organismos de seguridad del Estado,
Ministerio Público, el pueblo organizado, la inteligencia y
contrainteligencia popular y oficial”.
Explicó que hay más de 200 trochas en la línea fronteriza y que en Táchira se han inhabilitado 64 de 108 que han sido identificadas como parte del trabajo iniciado con las autoridades colombianas.
Agregó
que la medida permitirá aumentar el patrullaje para reducir la alta
porosidad que tiene la frontera colombovenezolana en el Táchira.
Las excepciones a la restricción corresponden a los casos de salud y emergencias, que serán atendidos. Tomaron previsiones para que, si algún transportista de carga pesada queda en la cola porque no le dio tiempo de llegar a su destino, reciba todo el apoyo de seguridad de parte de los organismos competentes.
Por
su parte, el brigadier general Moreno Maldonado declaró que para el
Gobierno colombiano es un “asunto de Estado” frenar el delito del
contrabando, porque está afectando la seguridad nacional, económica,
ciudadana y humana, por lo que -junto con el Gobierno venezolano-
atacarán de frente a los grupos organizados y bandas criminales.
Advirtió
que quienes se ven afectados con esas medidas tienen redes pagadas para
protestar cuando hay operativos, pero añadió que ya tienen previstas
medidas de choque especiales para enfrentarlos.
Informó
que ya han iniciado acciones judiciales en el barrio La Parada de
Cúcuta, donde han detectado contrabando de combustible y alimentos.
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